En mayo de 2007, durante un período caracterizado por importantes entradas de capital, un rápido crecimiento del crédito y un aumento vertiginoso de los precios inmobiliarios en Colombia, el Banco Central introdujo una medida macroprudencial sin precedentes que ningún otro país había adoptado. Esta política estableció un tope a la Posición Bruta de Apalancamiento (PBA), es decir, la Posición Bruta de Apalancamiento en Derivados Cambiarios, lo que limitaba la relación entre la exposición bruta de un banco en derivados cambiarios y su capital. Mientras enfrentaba la oposición de la asociación bancaria, el banco central argumentó que el PBA era necesario para mitigar la exposición al riesgo crediticio de los bancos colombianos y proteger la estabilidad del sistema financiero. En consecuencia, se implementó un límite del 500% en el PBA, a partir del 6 de mayo de 2007. El objetivo principal de esta política era frenar el rápido crecimiento del crédito que los funcionarios del banco central creían que podría conducir a desequilibrios financieros y burbujas en el mercado inmobiliario.

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